Hay cifras que deberían provocar indignación nacional. En 2023 nacieron en México más de 101 mil bebés de madres adolescentes entre 10 y 17 años. De ellos, alrededor de 5 mil 800 fueron hijos de niñas menores de 14 años. Solo entre las niñas de 10 años se registraron 108 nacimientos.
Detrás de cada uno de esos números hay una historia que difícilmente debería existir.
Una niña que dejó la escuela. Una menor que vio truncada su infancia. Una víctima de violencia sexual. Una familia que no supo qué hacer. Un sistema que llegó demasiado tarde o que nunca llegó.
Cuando lo que importa se desvanece
Sin embargo, cuando el embarazo infantil aparece en la conversación pública, el debate suele desviarse hacia terrenos ideológicos. Se discute sobre aborto, moral, religión, política, pero rara vez se habla de lo esencial: por qué siguen ocurriendo estos embarazos y qué está haciendo —o dejando de hacer— la sociedad para evitarlos.
Para Paula Rita Rivera Núñez, gerente de operaciones de Telefem, una organización que acompaña procesos de interrupción legal del embarazo mediante telemedicina, el problema no radica en la ausencia total de políticas públicas, el problema es que no alcanzan.
“México sí hace cosas. Hay una estrategia nacional para prevenir el embarazo adolescente y existe un compromiso importante para erradicar los embarazos en niñas menores de 14 años. El problema está en la implementación, en la supervisión y en el alcance que tienen esas medidas”, explica.
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El país que quiere curar, pero no prevenir
México cuenta desde hace años con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), una política pública diseñada para reducir este fenómeno y eliminar los embarazos en niñas.
Sin embargo, las cifras demuestran que el objetivo aún está lejos de cumplirse.
Rivera considera que uno de los errores más frecuentes de los gobiernos mexicanos ha sido privilegiar la atención de las consecuencias por encima de la prevención.
“Queremos curar en lugar de prevenir. Las inversiones no están puestas donde deberían estar. La educación sexual y la salud deberían recibir mucho más presupuesto del que reciben actualmente”.
La especialista insiste en que los resultados no pueden medirse de manera inmediata. La prevención requiere años de trabajo constante, continuidad entre administraciones y una inversión sostenida, algo que pocas veces ocurre.
“Las buenas políticas públicas deberían mantenerse independientemente de quién gobierne. No tendría que empezar todo de cero cada sexenio”.
Paula explica que, además de la ENAPEA, México forma parte de la OCDE, así que existe un compromiso importante para reducir los embarazos adolescentes y erradicar los embarazos en niñas menores de 14 años.
“La ENAPEA es buena, pero en su implementación, supervisión y alcance todavía no se logra lo que debería lograrse. Se hacen esfuerzos que a veces parecen no existir o se diluyen. Si analizas la situación, puedes ver que sí se han hecho avances, pero no son suficientes”.
También creo que las políticas públicas deben mantenerse en el tiempo. No deberían modificarse cada vez que cambia un gobierno. Si una política funciona, debería continuar y fortalecerse, agrega.
Las raíces culturales del problema
Hablar de embarazo infantil únicamente desde las estadísticas es quedarse en la superficie. La realidad es mucho más compleja.
México sigue arrastrando prácticas culturales que, en determinadas regiones, continúan facilitando la vulneración de los derechos de niñas y adolescentes.
“Todavía existen lugares donde los matrimonios con niñas se normalizan y han sido aceptados durante generaciones. También hay comunidades donde la violencia forma parte de la vida cotidiana y eso termina impactando directamente en estas cifras”, señala Rivera.
A ello se suma la desigualdad.
Los embarazos infantiles y adolescentes se concentran principalmente en contextos de pobreza, con menores niveles educativos y en comunidades rurales e indígenas.
Las niñas que viven en estos entornos enfrentan múltiples vulnerabilidades simultáneamente. Y cuando el embarazo ocurre, las oportunidades suelen reducirse todavía más.
El gran tabú mexicano: hablar de sexualidad
Quizá la contradicción más evidente es que México quiere reducir los embarazos adolescentes mientras sigue teniendo enormes dificultades para hablar de sexualidad.
La especialista lo resume en una frase contundente: “Tenemos un doble discurso”.
No queremos que los adolescentes se embaracen, pero tampoco queremos hablarles de anticonceptivos.
Nos preocupa que inicien su vida sexual, pero nos incomoda brindarles información.
Nos alarman los embarazos, pero rechazamos la educación sexual.
“Infinidad de veces los padres no quieren que se hable de sexualidad en las escuelas y las propias instituciones educativas tampoco quieren abrir esos espacios. Nosotros hemos intentado realizar actividades educativas y con frecuencia encontramos resistencia”.
El resultado es que miles de niñas, niños y adolescentes construyen sus conocimientos sobre sexualidad a partir de redes sociales, rumores o información incompleta, así que cuando aparece un problema, ya es demasiado tarde.
Cuando una niña de 12 años está embarazada
Hay un punto de la conversación en el que Paula deja de hablar como especialista y habla como ciudadana, porque para ella existen situaciones que no admiten interpretaciones.
“Si una niña de 12 años está embarazada, estamos frente a un delito”, dice contundente.
La ley mexicana reconoce que una menor de esa edad no tiene capacidad para otorgar consentimiento.
Por ello, cuando una niña llega embarazada a una institución de salud deberían activarse inmediatamente los mecanismos de protección y denuncia.
“La Norma Oficial Mexicana 046 existe justamente para estos casos. Cuando una paciente menor de edad llega en estas condiciones, el personal de salud tiene la obligación de activar los protocolos correspondientes”.
Sin embargo, la realidad suele ser más complicada. Infinidad de veces las denuncias no prosperan o, de plano, ni siquiera se presentan.
“Creo que muchas personas no quieren involucrarse. Presentar una denuncia implica asumir responsabilidades, participar en procesos legales y dar seguimiento. Vivimos en una sociedad donde mucha gente prefiere no meterse en problemas”.
El silencio que protege a los agresores
Rivera considera que una parte importante del problema se encuentra dentro de los propios hogares. Resalta que, con frecuencia, las familias conocen al agresor, saben quién es y aun así deciden guardar silencio.
“Si una hija o un hijo te dice que alguien lo tocó o abusó de él, hay que creerle y actuar. Pero muchas veces eso no ocurre”.
El resultado es devastador, pues las víctimas permanecen desprotegidas y los agresores continúan cerca.
Ante este panorama, los embarazos terminan convirtiéndose en la evidencia visible de una violencia que llevaba años ocurriendo.
“No podemos seguir normalizando estas situaciones ni hacer como que no las vemos”, advierte.
¿Por qué hablar de aborto?
En medio de este panorama aparece otro tema que México suele abordar desde el prejuicio: el aborto.
Rivera insiste en que la conversación debe centrarse en la salud pública y no únicamente en las posiciones ideológicas, especialmente cuando se trata de niñas.
“Los embarazos en niñas son gestaciones de alto riesgo. La inmadurez física, mental y emocional puede provocar complicaciones graves. Frente a eso, la interrupción del embarazo representa el mal menor”.
La especialista recuerda que los procedimientos con medicamentos, realizados bajo supervisión médica y siguiendo protocolos internacionales, tienen altos niveles de seguridad.
Sin embargo, el estigma continúa siendo una barrera enorme.
“Suele pensarse que quien aborta lo hace por comodidad o porque busca una salida fácil. La realidad es completamente distinta. Son decisiones difíciles y normalmente responden a situaciones complejas”.
La información salva vidas
Después de hablar durante más de una hora sobre embarazo infantil, violencia sexual, aborto y salud reproductiva, Paula regresa una y otra vez al mismo punto: la información.
“La única herramienta real que tienen las personas para decidir qué quieren para sus vidas es la educación”.
Por eso insiste en que hablar de sexualidad no debería ser un tema polémico, que debe dejarse de lado la idea de que hablar hablar de anticonceptivos no promueve embarazos y que hablar de consentimiento no destruye valores.
Hablar de aborto no obliga a nadie a abortar, lo único que hace es permitir que las personas conozcan sus opciones.
Y en un país donde miles de niñas siguen convirtiéndose en madres cada año, esa información puede marcar la diferencia entre conservar una infancia o perderla para siempre.
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